Veracruz, Ver.

     
ESTATAL


Sentencian a elementos de la Sedena por nexos con el crimen organizado



Sergio Aguilar / / Lunes 1 de mayo del 2017

Nueve elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusados de presuntos nexos con la delincuencia organizada fueron sentenciados a 26 años de cárcel luego de efectuarse el Consejo de Guerra el pasado fin de semana en la Séptima Comandancia de Infantería no Encuadrada de Perote.

Esto, luego de seis años de haber sido detenidos en Coahuila y permanecer recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 de Villa Aldama en el estado de Veracruz.

En dicho consejo, nueve elementos de la Sedena entre oficiales y soldados fueron juzgados y sentenciados por posibles nexos con el crimen organizado.

Los militares forman parte del 69 Batallón de Saltillo, quienes fueron detenidos por elementos federales en Coahuila el pasado 13 de marzo de 2011.

Los sentenciados responden a los grados y nombres siguientes:
Teniente de Infantería, Sócrates Humberto López Escobar; el subteniente de Infantería, Francisco Javier Soto Núñez; Teniente de Infantería, Javier Rodríguez Aburto; Teniente de Infantería, Marcos Augusto Pérez Cisneros; subteniente, Carlos Miguel Gallardo Ibarra; subteniente, Edgar Valencia Cárdenas; cabo, Pedro Montes Vázquez y el soldado Omar Alejandro Martínez.

Cabe mencionar, que el teniente Julián Castilla Flores fue absuelto y ordenaron su inmediata libertad, al probar su que no formaba parte de la red de militares que daban información al Grupo delictivo.

Pese a que los abogados aportaron pruebas que las declaraciones del Teniente de Infantería, Sócrates Humberto López Escobar y el Subteniente de Infantería, Francisco Javier Soto Núñez fueron obtenidas mediante tortura por la Policía Militar, los mismos fueron sentenciados.

En todo el proceso intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que constató que algunos de los acusados fueron sometidos a tratos crueles.

Es importante mencionar que aún hay siete militares más que son señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, los cuales no fueron sometidos aún a Consejo de Guerra ya que cuentan con la protección de un amparo otorgado por un Juez Federal.