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Genocidas |
Martes 17 de Enero del 2017
El gobernador Miguel Ángel Yunes tiene una obligación impostergable, ineludible, inevitable: meter a la cárcel a los criminales funcionarios de los Servicios de Salud de Veracruz que permitieron que a niños y adultos que recibieron quimioterapias en el sexenio duartista, se les haya suministrado agua destilada.
Esta es una práctica genocida. Es homicidio alevoso, ventajoso.
Jorge Winkler Ortíz tiene una tarea primordial. Está obligado a iniciar investigaciones ministeriales. Tiene que llamar a Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso.