Otorgan recurso a García Cabeza de Vaca contra cualquier captura

La Jornada / Tamaulipas / Martes 25 de mayo del 2021

El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas otorgó una suspensión provisional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad, contra cualquier orden privativa de la libertad o cualquier orden de aprehensión que haya librado un juez federal a petición de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

El juez Faustino Gutiérrez Pérez concedió el recurso para que el gobernador de Tamaulipas no sea capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva. De lo contrario, el recurso solo surtirá efectos para que la libertad personal del mandatario quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde sea recluido.

Además, el juez fijó a García Cabeza de Vaca el pago de una garantía de 100 mil pesos para que surta efectos la suspensión. Además, programó la audiencia incidental el próximo 7 de junio donde decidirá si concede la suspensión definitiva.


“Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”.

El juzgador sustentó lo anterior en el expediente 669/2021-2, y con fundamento en los artículos 103 y 107, constitucionales y los numerales 1, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, por la demanda promovida por García Cabeza de Vaca contra acto del presidente de la República y otras autoridades con residencia en la Ciudad de México, según un segmento de la resolución del juez obtenida por la corresponsalía de La Jornada.

Ayer, el abogado del gobierno estatal, Abelardo Perales Meléndez, adelantó que el gobernador ya contaba con una solicitud de amparo que impediría su arresto.

Por su parte, el impartidor de justicia dio un plazo de 48 horas para que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, y FGR informen si son ciertos o no los actos reclamados por García Cabeza de Vaca y, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.

Además, deberán señalar con precisión en el informe previo, el delito por el cual se libró la orden de aprehensión, si está considerado como grave y/o si amerita prisión preventiva oficiosa. De no hacerlo, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Señalado de defraudación fiscal
García Cabeza de Vaca es señalado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, lo cual ocurrió el pasado 30 de abril.

El desafuero del gobernador tamaulipeco fue aprobado por 362 votos en favor, por 134 votos en contra y se registraron 14 abstenciones.


Por este asunto, la FGR está tramitando peticiones internacionales de colaboración para establecer y obtener mayores datos de las operaciones financieras realizadas por García Cabeza de Vaca y su familia, a quienes las autoridades involucran en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, indagaciones que también realiza la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Incluso la semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que ordenó congelar las cuentas del gobernador, así como las de 12 personas físicas y 25 jurídicas involucradas. Incluye cuentas de su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como ambos padres, María de Lourdes Cabeza de Vaca de García y Manuel García Uresti.

De acuerdo con las indagatorias, posee bienes inmuebles por 228 millones de pesos, sin origen claro, además de que se detectó la utilización de una empresa fantasma para triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe por 14 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones; las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del gobernador surgido del PAN, sin que el inmueble cambiara de propietario.