Juventino Pérez / Xalapa, Ver. / Martes 11 de agosto del 2020
Un juez federal adscrito a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, ordenó a la 65 Legislatura veracruzana «restituir» al magistrado Marco Antonio Lezama Moo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
Ante el fallo, contenido en el expediente 1136/2019, con fecha de acuerdo 10/08/2020, la maestra María Lilia Viveros Ramírez, quien protestó como magistrada el jueves 30 de julio, en sustitución de Lezama Moo, quedó en el limbo jurídico.
Luego de justificar que «por falta de tiempo» no pudo restituirlo, la LXV Legislatura deberá regresar su cargo al magistrado Marco Antonio Lezama Moo por orden de un Juez federal, luego de aplicarle indebidamente el retiro forzoso, situación que no procedió por el principio de no retroactividad de la ley que obliga a los magistrados al retiro, al cumplir 70 años.
La legislatura determinó que dicho asunto se analizará en la próxima sesión de la Diputación Permanente, lo que significa que el Congreso deberá «restituir» al magistrado tras aplicarse el retiro forzoso y a pesar de que ya nombraron a su suplente, María Lilia Viveros Ramírez.
La subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Georgina Maribel Chuy Díaz, notificó al titular del juzgado Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez.
La subdirectora argumentó que no pudieron dar cumplimiento a la suspensión definitiva que el juez otorgó a favor de Lezama Moo en los 3 días que lo ordenó.
Al respecto, Chuy Díaz comunicó «las medidas tendientes a dar cumplimiento a la suspensión otorgada», al solicitar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, que el asunto sea incluido en la celebración de la próxima sesión de la Diputación Permanente.
Marco Antonio Lezama Moo fue designado como magistrado por un período de 10 años por el Congreso del Estado en junio de 2014, sin embargo, se le aplicó una reforma constitucional posterior a su nombramiento que utiliza el retiro forzoso de magistrados que cumplan 70 años, medida contra la que se amparó.
Luego de que el Congreso violentó el amparo que concedió al magistrado, el titular del juzgado Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, ahora ordenó al Congreso reinstalar al magistrado en su cargo en un plazo máximo de 10 días.
El Juez reiteró que si el Congreso no acata su fallo los diputados incurrirán en los delitos que la Ley de la Materia específica para tal efecto, es decir, al violentar el artículo 262 de la Ley de Amparo se establecen penas de 3 a 9 años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.