Excelsior / Ciudad de México / Sabado 4 de julio del 2020
Con la finalidad de que sea difundida la cultura jurídica dentro de todas las instancias del Poder Judicial de la Federación (PJF), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero envió una carta al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde destaca los temas de flagrancia, caso urgente, presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso en general.
“Difunda los criterios jurisprudenciales relativos al Sistema Penal Acusatorio y, en particular, los que tienen que ver con flagrancia, caso urgente, presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso en general”, detalla en la misiva.
Agregó que esos temas deben ser difundidos dentro de las dependencias y órganos que integran la Administración Pública Federal, bajo una visión de corresponsabilidad de quienes forman parte del Estado Mexicano con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho y las libertades individuales.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a través de otra misiva, le respondió y dejó en claro que los criterios dichos por la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, son obligatorios para los jueces de toda la República en los términos de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
“Como es de su conocimiento, las tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación se difunden a través del Semanario Judicial de la Federación, que se publica semanalmente en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Agregó que, en el ámbito de su independencia y autonomía, el Poder Judicial de la Federación realiza una gran labor de divulgación, capacitación y difusión a través del Instituto de la Judicatura Federal, la Dirección General de Estudios Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Constitucionales y las Casas de la Cultura Jurídica, y colabora con numerosas instituciones del Estado Mexicano.