Animalpolitico / Ciudad de México / Jueves 23 de abril del 2020
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra del exdiputado del PRI Antonio Tarek Abdalá, y del contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la operación de una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.
También se pidieron órdenes de arresto en contra de 23 personas más entre accionistas de empresas fantasma y exfuncionarios de Veracruz, de lo cuales 10 ya fueron detenidos y encarcelados el pasado fin de semana. Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que un juez definirá si los vincula o no a proceso por múltiples delitos de fraude y corrupción.
Todos ellos están implicados en una operación fraudulenta que fue documentada y revelada desde 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con la cual se consiguieron desviar mas de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias e instituciones del gobierno de Duarte.
Sin embargo, por ahora la acusación de la Fiscalía estatal se centra solamente en lo ocurrido en una parte del fraude ocurrida en el DIF de Veracruz y está relacionada con 28 contratos a empresas fantasma que asciende 112 millones de pesos. Se trata de los mismos hechos por los cuales nuestro país ya solicitó al Reino Unido la extradición de Karime Macías, procedimiento que se encuentra en desarrollo.
De acuerdo con los documentos ministeriales a los que Animal Político tuvo acceso, la lista de los 25 imputados la componen nueve exservidores públicos del DIF local y 16 accionistas y/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que le facturaron a dicho organismo.
Los fiscales sostienen que si bien las empresas fueron constituidas legalmente, estas no contaban ni con el personal ni con los recursos materiales para haber realizado los servicios, y aun así los funcionarios del DIF local les facturaron los pagos tras procedimientos de contratación irregulares o arteramente simulados.
“Valiéndose de su cargo de funcionarios públicos se prestaron a el entramado de estas empresas fachada causándole un grave detrimento patrimonial al DIF Estatal, pero sobretodo faltando a su objetivo principal, como lo es la asistencia social, es decir el apoyo a la población vulnerable” señala la acusación presentada al juez.
De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, todo este entramado de irregularidades deriva en la posible comisión de múltiples delitos que van desde el fraude específico, hasta la coalición, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e incluso asociación delictuosa.
Los fiscales añadieron que los presuntos implicados fueron citados en calidad de imputados para que respondieron por los cargos pero no comparecieron, motivo por el cual se consideró necesario solicitar las órdenes de aprehensión en su contra, principalmente porque en el caso de varios de ellos no existe certeza de su paradero.
Tarek y Gachuz, imputados clave
Entra la lista de las 25 personas en contra de las cuales la Fiscalía procedió penalmente destacan dos personajes clave por el papel que desempeñaron en el presunto entramado fraudulento, y los cuales aún no son detenidos.
Uno de ellos es el del exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá, quien se desempeñó en el gobierno de Duarte primero como director de Finanzas del DIF de Veracruz, y luego como tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal.
En la acusación presentada ante el juez se le responsabiliza de haber encabezado la operación administrativa que permitió que el DIF local concediera múltiples contratos a las empresas fachada.
Pero de acuerdo con las investigaciones periodísticas publicadas, el rol de Tarek Abdalá va mas allá. Se trata del presunto artífice del contacto del gobierno de Veracruz con la red de empresas fachada primero desde el DIF local y posteriormente de múltiples dependencias de la administración estatal.