Cuidar empleos,usar fondos federales y apoyo fiscal,propuestas por CCE

Excelsior / Ciudad de México / Viernes 3 de abril del 2020

El plan de tres meses de acción que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que lidera Carlos Salazar Lomelín, propuso al gobierno federal, va más allá de preservar el empleo y los salarios, también incluye usar fondos federales, apoyos fiscales a las empresas y endeudamiento.

Hasta el momento, solo se acordó usar el plan para el mes de abril, el cual contempla un programa generalizado de vacaciones pagadas en los sectores no esenciales para asegurar el aislamiento, u otras acciones que puedan ser acordadas entre las empresas y los trabajadores.

En los sectores críticos, como hotelería, aviación, restaurantes, se acordó diferir el pago del 100% de las contribuciones a la seguridad social, sin condonación.

Así como establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada a empresas, con problemas de liquidez, para conservar empleos y sufragar la nómina.

Para los meses de mayo y junio se buscará apoyo a todas aquellas empresas que acepten el convenio de sostener empleo y salarios para el 100% por 60 días; utilizar el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez.

Diferir, sin condonación, las contribuciones a la seguridad social por 60 días. Así como el de pagos de impuestos de las empresas hasta 90 días sin cargo de intereses.

Los empresarios pedirán la suspensión temporal de pagos provisionales del ISR (propio y retenido por sueldos), contribuciones diferidas a doce pagos en 2021, un incentivo por pronto pago, revisión de sectores y regiones que puedan volver a operar, el regreso a labores de personas infectadas y recuperadas y analizar la posibilidad para grupos de bajo riesgo sanitario.

También buscan establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Compensación universal para todo el año.

En tanto las empresas grandes se comprometen a pagar a proveedores en 30 días una vez terminados meses críticos.

Para financiar dichos programas propuestos, la iniciativa privada considera que es posible utilizar la caja actual del sector público y cambiar concepto de deuda neta por deuda bruta, con lo que se liberarán 425 mil millones de pesos.

También se plantea el uso de fondos de estabilización por un total de 243 mil millones de pesos y un incremento temporal del nivel de endeudamiento hasta en 4% del PIB, para sufragar gasto en salud, compensar caídas en ingreso y sentar las bases para la reactivación de la economía.

Finalmente, el CCE propone un programa de Infraestructura con fondos públicos y privados, usar el remanente del crédito para asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura.

Y que haya una definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética, así como preparar un agresivo programa de exportaciones a Estados Unidos, sustituyendo importaciones chinas hacia ese país, y la depreciación acelerada para premiar nuevas inversiones.

Cabe señalar que los puntos de mayo y junio podrían ser analizados por el sector empresarial y el gobierno federal después de la Semana Santa, pues así se comprometieron.

De cumplirse este plan emergente que propone el CCE, la economía mexicana lograría amortiguar los efectos del Covid-19, con una contracción de entre -2.5% y 0.0% y no una de 7% como estiman algunos expertos.

La inflación se ubicaría entre 3% y 5%, el tipo de cambio de 21 a 22 pesos y la deuda respecto al PIB en alrededor de 50 por ciento.

Los desempleados serían de entre 300 mil a 400 mil, y se evitaría la pérdida de 800 mil plazas de trabaja como se anticipa sin no hay ningún plan emergente.