Redacción PV / Xalapa, Ver. / Martes 18 de febrero del 2020
Sin mayor discusión, con 43 votos a favor y 6 abstenciones de diputados de MORENA, el pleno legislativo aprobó la Cuenta Pública 2018 de los diferentes entes fiscalizables en Veracruz, y se logró el aval de los diputados para que se dé oportunidad a exfuncionarios y alcaldes en turno para que solventes observaciones, antes de iniciar el proceso de judicialización.
El dictamen aprobado por los diputados de los diferentes grupos legislativos, tipifica un probable daño patrimonial superior a los 3 mil 668 millones de pesos, este monto incluye el último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y el primero de los 212 Ayuntamientos en turno.
Fueron fiscalizados 97 entes estatales y se advierte que 43 presentan probable daño patrimonial por 3 mil 054 millones 423 mil 937 pesos. Del mismo modo, de 212 entes municipales 131 tienen observaciones financieras, es decir, se presume daño patrimonial de 300 millones 109 mil 508 pesos, y 81 presentan tienen inconsistencias administrativas.
Hay que destacar que los diputados de Morena e integrantes de la Comisión de Vigilancia que votaron en contra del dictamen fueron, Magaly Armenta Oliveros; Margarita Corro Mendoza; Henri Christophe Gómez Sánchez; Deisy Juan Antonio; Wenceslao González Martínez y Mónica Robles Barajas.
A propuesta de los diputados del PAN, se aprobó un artículo transitorio que establece que una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, se otorgara derecho de audiencia, a través de la Dirección General de Asuntos jurídicos del órgano, a los presuntos responsables.
De esta manera alcaldes o exservidores públicos tendrán oportunidad de solventar, y llevar a cabo las diligencias correspondientes de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De los ex funcionarios que deben solventar observaciones, están el extitular la Secretaría de Gobierno, 5 millones 2 mil 366.10 pesos; en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 56 millones 843 mil 248.00 pesos; en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 406 millones 124 mil 291.91 pesos.
Así como la Secretaría de Educación (SEV) 128 millones 148 mil 988 pesos; Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) 28 millones 653 mil 406.05 pesos; Desarrollo Social (SEDESOL) 258 millones 418 mil 673.29 pesos.
La Contraloría General (CGE) 2 millones 516 mil 227.82 pesos; en la Oficina del Programa de Gobierno (PROGOB) 456 mil 281.50 pesos y en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 67 millones 643 mil 161.16 pesos.
En cuanto a los órganos autónomos, en la Fiscalía General del Estado se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 7 millones 192 mil 633.66 pesos.
En lo que respecta a la Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, se advierte un presunto daño patrimonial por mil 51 millones 975 mil 896.57 pesos.
La auditoria en Materia de Deuda Pública y Obligaciones al Poder Ejecutivo del ejercicio 2018, arrojo observaciones por probable daño patrimonial por 125 millones 490 mil pesos, al interior de la SEFIPLAN.
También se hacen observaciones al proceso de Refinanciamiento de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo, por presunto daño patrimonial de 183 millones 471 mil pesos, también involucra a SEFIPLAN.