Excelsior / Ciudad de México / Miercoles 18 de diciembre del 2019
Las comisiones del Senado tienen una propuesta de Morena para anular en los hechos la división Estado-Iglesia y se acote el concepto actual del Estado laico, al permitir que las iglesias usen todos los medios de comunicación, estén presentes hasta en el Ejército; sus escuelas de formación tengan registro de validez oficial; cooperen con los gobiernos en el desarrollo cultural y social de las personas y se pueda objetar la creencia religiosa para no acatar las leyes nacionales y estatales.
El 11 de diciembre, sólo 24 horas antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, la morenista Soledad Luévano presentó su propuesta para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue turnada de manera directa a las comisiones unidas de Gobernación, que preside el morenista Cristóbal Arias y la de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza la también morenista Ana Lilia Rivera.
Al hacer click en enviar quedaras regitrad@ a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier momento;no olvides revisar tu carpeta de spam.
CIUDAD DE MÉXICO.
Las comisiones del Senado tienen una propuesta de Morena para anular en los hechos la división Estado-Iglesia y se acote el concepto actual del Estado laico, al permitir que las iglesias usen todos los medios de comunicación, estén presentes hasta en el Ejército; sus escuelas de formación tengan registro de validez oficial; cooperen con los gobiernos en el desarrollo cultural y social de las personas y se pueda objetar la creencia religiosa para no acatar las leyes nacionales y estatales.
El 11 de diciembre, sólo 24 horas antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, la morenista Soledad Luévano presentó su propuesta para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue turnada de manera directa a las comisiones unidas de Gobernación, que preside el morenista Cristóbal Arias y la de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza la también morenista Ana Lilia Rivera.
PUBLICIDAD
Como ocurre con todas las iniciativas que presentan los integrantes de Morena, ésta deberá contar con el respaldo de todo el grupo parlamentario para que pueda ser aprobada en comisiones; si no logra el respaldo, se queda en la llamada congeladora de las comisiones del Senado.
La iniciativa de ley elimina la disposición legal actual de que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. Al eliminarse, como propone la senadora Soledad Luévano, las personas podrán objetar su religión para no cumplir con la ley.
Propone que la ley incluya como derechos de las iglesias que puedan “expresar y difundir sus creencias religiosas, personalmente y a través de cualquier medio de comunicación, en términos de la legislación aplicable; recibir instrucción y formación religiosa, según sus creencias personales y convicciones éticas.
“Otorgar y recibir acompañamiento, asistencia y asesoramiento espiritual acorde a su doctrina y profesión religiosa en cualquier lugar, incluidos los centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, sean de carácter público o privado, instalaciones de los cuerpos de policía y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada de México”, plantea.
Actualmente, la ley dice que “el Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva”. La senadora de Morena quiere que ahora diga: “el Estado mexicano es laico, en consecuencia, garantizará plenamente el derecho humano a la libertad de religión de todas las personas, y ejercerá su autoridad”.
Añade que no se “impedirá” la colaboración entre las iglesias y el Estado “en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas, a través de los mecanismos previstos en las leyes correspondientes”.
Las religiones tendrán derecho “a la formación religiosa de sus asociados y ministros de culto, incluyendo el derecho de solicitar el reconocimiento de validez oficial de dichos estudios ante la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable”.
Y propone eliminar el derecho del Estado a determinar cuáles propiedades pueden poseer las iglesias, para establecer que sólo éstas decidirán sobre sus propiedades, sin la intervención del Estado.