Gobierno e IP invertirán 258 mil mdp en 62 obras sexenales

El Financiero / Ciudad de México / Martes 19 de noviembre del 2019

El gobierno y el sector privado detonarán la inversión en infraestructura en el arranque del próximo año, y para enero y febrero contemplan 62 proyectos que implicarán una inversión de 258 mil millones de pesos a través de diversas formas de participación de las empresas, como contrataciones, asociaciones, concesiones o asociaciones público-privadas.

Entre los proyectos que absorberán más recursos destaca el de una planta coquizadora, en Tula, Hidalgo, que implicará recursos por 40 mil millones de pesos, la rehabilitación de la planta coquizadora en Cadereyta, Nuevo León, por 17 mil millones de pesos y obras en el aeropuerto de Guadalajara por 10 mil 543 millones de pesos.

“Son medidas importantes y alentadoras que propiciarán la inversión en infraestructura a través de concesiones o APPs. Es esperanzador, no se revierte este año la caída, pero el primer semestre puede ser interesante si desde el gobierno se promueve, alienta, fomenta y da todas las condiciones respecto al Estado de derecho. Será buena noticia”, dijo Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Estos proyectos deberán acompañarse de medidas para frenar la inseguridad y la violencia en el país, ya que es otra petición de los empresarios, dijo a El Financiero.

“Todo está entrelazado, pero ya que se den estos primeros pasos de participación privada en proyectos de infraestructura es una buena medida contracíclica, además de que es bueno ser más ágiles en el gasto dirigido a construcción”, apuntó.

“Sin lugar a dudas es recomendable incentivar la inversión en creación, mantenimiento y modernización de la infraestructura. Esta política se frenó este año con el nuevo gobierno y se enfrenta a la incertidumbre que está generando con las decisiones que ha tomado, creciendo el riesgo y la desconfianza sobre el respeto al cumplimiento de los contratos”, comentó por su parte Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, comentó que la economía mexicana atraviesa por una fase recesiva y para salir de ella se necesita crecimiento en la inversión.

“Con la inversión se detona el crecimiento, se mejoran las expectativas y se impulsa al consumo, que se ha desacelerado este año. Si se llevan a cabo esos proyectos puede propiciarse un mayor crecimiento y disminuir la inercia negativa que lleva México”, mencionó.

Clave, eliminar obstáculos
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que el éxito del plan de infraestructura del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que pretende elevar la inversión física productiva, depende de que se eliminen los obstáculos, agilicen procesos y se permita la participación privada en los sectores de energía y telecomunicaciones.

“La responsabilidad del Gobierno es clara. El cambio de la tendencia del crecimiento para salir del estancamiento dependerá, en buena medida, de las políticas públicas que instrumente en el sentido de establecer un ambiente de negocios idóneo para la inversión y un entorno de seguridad y Estado de Derecho”, según el CES.

Los detalles de los proyectos del acuerdo al que llegaron los sectores público y privado para la inversión en el rubro de infraestructura, incluyendo los sectores de energía y telecomunicaciones, se darán a conocer en las próximas semanas, pero CEESP señala que se debe garantizar el compromiso del Gobierno.

“Es imprescindible el compromiso del Gobierno al más alto nivel, a fin de remover todos los obstáculos que puedan enfrentar los proyectos, agilizar los requisitos para facilitarlos y permitir la participación privada en los sectores correspondientes”, expone el CEESP en su comentario semanal.

Además, el Centro refiere que la incertidumbre que perciben los mercados mantiene el nerviosismo entre los inversionistas y pospone sus decisiones de inversión, y que la expectativa de un magro crecimiento de la economía para los siguientes años plantea un escenario complejo para el mercado laboral.

También expone que se complican las posibilidades de ampliar la ocupación, sobre todo el empleo formal con prestaciones para los trabajadores, debido a los bajos niveles de inversión, la persistencia del panorama de incertidumbre y la ausencia de estado de derecho, considera el reporte.

En el tercer trimestre del año, el universo de trabajadores en condiciones críticas, aquellos que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más los que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimO, y los que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos, sumó 10.6 millones de personas, 2 millones más que en igual periodo del año pasado.

Mientras que el porcentaje de la población ocupada se ubicó en 19.1 por ciento, el nivel más alto desde que se publica este indicador en 2005.