Redacción PV / Xalapa, Ver. / Viernes 11 de octubre del 2019
Si bien todos los abogados y servidores públicos tienen el derecho a aspirar a una magistratura, es necesario que los mismos se conduzcan con honestidad al momento de postularse, pues de no hacerlo dejan patente incumplir con el requisito fundamental de ser una persona recta y honesta, es por ello que resulta necesario precisar lo siguiente:
Según el registro nacional de profesiones, los profesionistas siguientes no cuentan con cédula del posgrado que ostentan al firmar diversas cartas de auto postulación: Alma Aleida Sosa Jimenez, Christian Mauricio Mendoza Espinosa, Daniel Damaso Vázquez Bautista, Laurentino Sosa Capistran, Sergio Andrade Aguilar, Senen Loaeza Guevara, Marlém González Perez, Guillermo Vargas Hernandez, Maximino Contreras Rosales, Eusebio Saure Ortiz, Ivan Emmanuel Diz Reyes Incumpliendo con ello lo señalado en el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado, que establece poseer estudios de posgrado, mismos que se demuestran con la cédula profesional de los estudios cursados.
El juez Cristian Mauricio Mendoza Espinosa es sobrino del actual Magistrado Jorge Espinosa, incumpliendo con lo señalado en el artículo 4 tercer párrafo de la ley orgánica del poder judicial, que menciona que en ningún caso podrá haber magistrado que sean parientes en consanguineidad hasta el cuarto grado, además de no tener estudios de posgrado con cédula profesional.
El juez Alberto Barrera y Vázquez, fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura del Estado, a quien le negaron en amparo en revisión, misma sanción que está pendiente de resolverse por un Tribunal Colegiado.
La Juez Marlém González Perez cumplió el mes pasado apenas un año de ser nombrada juez de primera instancia, aparte de no tener estudios de posgrado con cédula profesional.
El Lic. Senen Loaeza Guevara rebasa la edad estipulada para ostentar el cargo de magistrado.
Alma Aleida Sosa jueza del grupo incondicional de Jorge Winckler Ortiz, hija del también auto postulado Lic Laurentino Sosa Capistran quienes además de no contar con estudios de posgrado con cédulas profesionales, son vinculados con la aprehensión y liberación de los integrantes del gabinete del ex gobernador, jueza conocida por orquestar la salida de Bermúdez, ex secretario de seguridad. Su padre ya se encuentra en retiro y cobra además de su pensión el haber de retiro.
El juez Daniel Damaso Bautista, se encuentra denunciado penalmente por su actuar en Misantla, Veracruz, ademas de no contar con estudios de posgrado con cédula profesional.
El juez Eusebio Saure Ortiz fue cesado por un año del cargo por actos de corrupcion consentidos en el juzgado cuarto con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, ademas de no tener estudios de posgrados con cédula profesional.
El juez Ivan Diez Reyes además de no tener estudios de posgrado, es protegido de Nagazaqui, incondicional de Rogelio Franco, ex secretario de gobierno.
El juez Javier Castellanos Chargoy se encuentra denunciado por la revelación de datos personales de un expediente a su cargo, además de iniciar una campaña pública de desdén en contra del gobernador.
Finalizando, los jueces y juezas no pueden de ninguna manera presionar al ejecutivo y legislativo para ser elegidos, del mismo modo no pueden de ninguna manera utilizar a las barras y colegios de abogados para beneficios personales a cambio de favores en los expedientes y procesos de los que son parte.