Forbes / Ciudad de México / Martes 13 de agosto del 2019
El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna deslizó la idea de investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade por los desvíos millonarios conocidos como La Estafa Maestra.
Luego de que de Robles y sus abogados aseguraron que la exsecretaria de Desarrollo Social avisó al exmandatario de las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el juzgador pidió que se demuestre esto.
“Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al ex presidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no”, indicó.
En la audiencia que comenzó ayer por la tarde y se extendió por más de 12 horas, Robles detalló que habló de las anomalías con Peña Nieto por medio del teléfono rojo que tienen todas las dependencias y en reuniones cara a cara.
“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, citaron los abogados a Robles.
Por otra parte, el juez Delgadillo Padierna emplazó a Rosario Robles a proporcionar el viernes próximo la carta de entrega-recepción en la que –asegura la defensa de la exfuncionaria– informó a su sucesor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la dependencia.
El impartidor de justicia consideró que ese documento sería “una joyita” por el valor de la prueba, pero no lo tenía en ese momento la defensa.
Por ello, instó a que se entregue una copia auténtica de esa carta para determinar si Meade debe ser investigado por omisión.
El equipo jurídico de Rosario Robles señaló que se informó al nuevo titular de la dependencia que había algunas observaciones de la ASF que habría que solventar.
“Se le informó al nuevo secretario, ya no eran atribuibles a Rosario Robles”, señaló la defensa.
Los abogados rechazaron que su clienta haya sido omisa y presentaron 32 datos de prueba, entre ellos: oficios, declaraciones de testigos, dictámenes periciales en contabilidad y la propia declaración de su defendida, con los que buscaban que no se vinculara a proceso a la exfuncionaria, pero sí fue declara contra ella la prisión preventiva.