A través de audios Bermúdez relata ilícitos de Yunes y Winckler

Redacción PV / Veracruz, Ver. / Lunes 3 de diciembre del 2018

En rueda de prensa, los apoderados legales de Arturo Bermúdez Zurita encabezados por Rodolfo de la Guardia, presentaron una serie de grabaciones de audio realizadas desde la caseta telefónica del penal, donde el exfuncionario de Javier Duarte, relata los supuestos ilícitos cometidos por el exmandatario y el aún fiscal general.

Entre ellos, advierte que fue sometido a tortura y amenazado para llegar acuerdos preparatorios para la donación de bienes inmuebles, ante las amenazas de muerte y de cárcel a familiares decidió ceder.

“Los acuerdos reparatorios de bienes inmuebles, los hechos que se me reprochan son falsos y fabricados por la Fiscalía del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz, al interior del centro fui visitado diversas veces por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, las fechas de las visitas y nombres los tengo registrados, con la meta de torturarme, amenazarme y advertirme que si no entregaba inmuebles a favor del extitular varias carpetas serían iniciadas contra mí y mi familia”, dijo.

El mismo Arturo Bermúdez Zurita, señala que a pesar de que fue él quien accedió a donar los bienes como acuerdos reparatorios, el ex gobernador Yunes Linares, presentó un show, donde afirmaba que habían sido incautadas.

Relató en los audios que propiedades adquiridas por su familia antes de llegar a la SSP también le fueron requeridas y presumidas por Yunes y Winckler.

“El mensaje del titular del ejecutivo Miguel Ángel Yunes Linares fue muy claro, al entregarse los bienes inmuebles de mi familia se obtendrían acuerdos a mi favor. El extitular solicitó siete bienes propiedad de mi familia, bienes adquiridos del suscrito llegara a la secretaría de seguridad pública”.

Bermúdez Zurita, se dijo inocente y aceptó donar los bienes para acabar con la falsa legal que iniciaron en su contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal General Jorge Winckler.

El exsecretario de Seguridad Pública, detenido en el penal de Pacho Viejo y acusado por desvío de recursos, presentó a través de sus abogados una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el Fiscal Jorge Winckler Ortiz por hechos con presunción de delitos cometidos en su contra.

A continuación el boletín oficial que se localiza con la liga http://www.juiciopoliticoenveracruz.com

La recuperación de bienes en el extranjero se hizo con recursos públicos, aseguró el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

A través de una denuncia enviada al Congreso por sus abogados, el ex colaborador de Javier Duarte de Ochoa relata que fue torturado para acceder a las peticiones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Aunque ni él o sus abogados, alguna vez se quejaron de tal situación o denunciaron alguna tortura, ahora señalaron de que el pasado ex titular de SSP, Jaime Téllez Marié, el fiscal de Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel y otros funcionarios menores aplicaron la tortura.

En la denuncia presentada, relata que el Gobierno de Veracruz desvió 220 mil dólares a favor de la empresa AVE REAL ESTATE LLC, para pagar las casas que compró en Texas, pero que aún no terminaba de pagar, por lo que se usaron recursos públicos para liquidarlas y simular la recuperación de bienes en pleno proceso electoral.

El ex titular de la SSP, quien se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo por delitos relacionados con hechos de corrupción y desaparición de personas, asegura haber sido víctima del delito de fraude procesal, pues le prometieron que las autoridades ministeriales se desistirían de su caso, a cambio de la devolución de bienes.

Incluso para llegar a ese acuerdo, relata haber sido torturado psicológica y físicamente, aunque en sus audiencias nunca ha referido tal situación, ni tampoco sus abogados previamente se habían expresado en ese sentido.

De la tortura señala de manera directa al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié y al fiscal especializado en Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, así como a otros funcionarios menores, quienes le decían que por instrucciones del gobernador lo amenazaban con detener a su familia.