El País / Bruselas / Viernes 23 de noviembre del 2018
España mantiene la amenaza de vetar el Brexit. El Gobierno de Pedro Sánchez considera que, pese a las negociaciones de última hora de este viernes, España sigue sin tener garantías sobre la futura relación de Gibraltar con la UE, según fuentes de La Moncloa, y tiene la intención de mantener su rechazo al acuerdo del Brexit, que debe aprobarse en una cumbre extraordinaria este domingo en Bruselas.
"Tal y como está ahora la situación se mantiene el veto", aseguran desde La Habana, donde el presidente Pedro Sánchez se encuentra de visita oficial. "Es un asunto de interés nacional", han indicado. "El Gobierno anterior no fue lo suficientemente ambicioso en la negociación", han añadido, en referencia a Mariano Rajoy. Aunque el acuerdo del Brexit puede salir adelante el domingo con mayoría cualificada de los Veintisiete (con el voto a favor de no menos de 20 países que representen al menos el 65% de la población), el Gobierno considera que "la declaración política" que lo acompaña "requiere unanimidad". "No va a haber un acuerdo a 26, es impensable", han asegurado.
La tajante respuesta del Gobierno de Sánchez llega poco después de que la UE haya ofrecido esta mañana una salida a España para evitar su rechazo: sendas declaraciones, tanto por el lado británico como del europeo, que buscaban despejar las dudas de España sobre la situación de Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, según ha informado el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Marco Aguiriano, tras reunirse con sus homólogos en Bruselas.
Ese documento, del que se desconocían los detalles, iba a acompañar al tratado de retirada de Londres de la UE y el acuerdo político sobre la futura relación entre ambas partes. España reclamaba que Reino Unido publicara ese texto antes de la cumbre del domingo. "Los 27 y la Comisión Europea, sin fisuras, han ofrecido un paquete que intenta cumplir con las exigencias y objetivos del Gobierno de España", ha señalado Aguiriano al final de una mañana de reuniones entre las 27 delegaciones de los países europeos y el equipo negociador europeo dirigido por Michael Barnier. El secretario de Estado ha asegurado que los negociadores "han ido todo lo lejos que pueden ir (...) e incluso han mejorado el texto que habíamos planteado en cuanto a la declaración política. Lo han reforzado, con más referencias al Tratado de la Unión".
El rechazo de Moncloa deja esta posible salida en el aire. "Nadie [en la UE] está en contra de nosotros; hemos apoyado a todos los países que han tenido intereses nacionales en juego", según el Gobierno, que consideran que sería positivo que el Consejo Europeo pueda realizarse este domingo, pero "lo que importa no si es ese día o más tarde, sino que haya un acuerdo".
No ha habido, de momento, reacciones oficiales desde Londres.
Gibraltar es el último escollo pendiente en la cumbre del próximo domingo, en la que se espera sellar el acuerdo para consumar el Brexit el 29 de marzo de 2019. El resto de obstáculos (reclamación sobre cuotas de pesca en aguas británicas y clarificación sobre el período transitorio) se han resuelto en la mañana de este viernes.
España espera que Londres haga pública una declaración en la que confirme que comparte la interpretación europea del artículo 184 del Tratado de salida. El Gobierno de Pedro Sánchez temía que ese artículo condicionase en el futuro la relación entre la UE y Gibraltar, sin respetar el derecho de veto que se había reconocido a España en las directrices de negociación sobre el Brexit.
El posible acuerdo sobre Gibraltar discutido esta mañana se iba a recoger en una declaración aneja a las conclusiones del Consejo Europeo del próximo domingo. En ese texto adjunto, figuran también las precisiones reclamadas por otras delegaciones, como las de Francia sobre la prioridad de negociar un acuerdo con pesquero con Londres que garantice el acceso de los barcos europeos a las aguas británicas.
El mismo documento, según el borrador, supedita posible prórroga del período transitorio de salida a que Reino Unido respete unos mínimos estándares europeos en materia como fiscalidad, medioambiente o empleo.