Redacción PV / Coatepec,Ver. / Miercoles 14 de febrero del 2018
Tras una larga audiencia que terminó la madrugada de este jueves, la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó auto de vinculación a proceso a 19 expolicías vinculados al delito de desaparición forzada.
Por lo que Sosa Jiménez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los ex mandos policiacos.
Asimismo, vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, por dicho delito, además del exsecretario de la SSP, se vinculó a José Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención Social y a Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil.
Así como a 16 exelementos operativos de Seguridad Pública, todos por el delito de desaparición forzada.
Durante la audiencia que duró cerca de 20 horas, fueron presentados los testimonios de varios sobrevivientes a los abusos policiacos, quienes ratificaron lo hecho por los policías y exmandos.
Asimismo, un expolicía y testigo protegido, declaró que elementos de la Fuerza Civil eran los encargados de presuntamente contactar a las esposas y familiares de las víctimas, a quienes violaban.
Entre las atrocidades que realizaban se encuentra el caso José Ulises Fernández, quien fue llevado por los policías, mismos que contactaron a su esposa, quien acudió al llamado junto con su bebé, al llegar al lugar citado, los policías se la llevaron junto con el menor.
Una vez arriba de la patrulla enfilaron hacia unos cañales, donde violaron a la joven, mientras que al bebé lo torturaron, a quien aplicaron toques eléctricos.
Existen cuatro testimonios de expolicías, a quienes se les otorgó un criterio de oportunidad, que detallan cómo se llevaban a cabo las acciones de eliminación de civiles.
Uno de los expolicías detalló que Arturo Bermúdez molesto y gritando, dio la orden directa de entregar a los supuestos integrantes del grupo de Los Zetas a sus hombres, la llamada Fuerza Especial, quienes tenían asignada la tarea de torturarlos y desaparecerlos.
El testigo refiere que en 2013 la Fuerza Civil tomó el control de los retenes en el estado, teniendo conocimiento de al menos ocho casos suscitados en dichos puestos de control.