. / / Lunes 29 de enero del 2018
El exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) amenazas de muerte en su contra y responsabilizó de lo que le pueda suceder al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
A través de su abogado José Javier López García, hizo llegar a la CNDH un escrito en el que acusa que en su reclusión –se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 de Aquiles Serdán, en Chihuahua– ha sido objeto de amenazas.
“Hoy a las 12:30 aprox. recibí dos amenazas de muerte al encontrarme en servicio médico y el custodio abandonó el lugar dejando a estas personas solas conmigo quienes fueron los que me dijeron que me iban a chingar y adonde me movieran por lo que temo enormemente por mi vida y hago responsables a todas las autoridades de mi seguridad así como a sus superiores incluyendo al gobernador”, se lee en el escrito entregado a la Comisión.
En el texto que su abogado entregó en la Oficialía de Partes de la CNDH –tiene el sello de recibido con la fecha del 29 de enero de 2018–, dirigido a su presidente Luis Raúl González Pérez, se solicita que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes.
“Tenga a bien ordenar que se realice la investigación de los hechos que se ponen de su conocimiento y se tomen las medidas necesarias para preservar los derechos humanos de mi cliente, los cuales se estiman gravemente violentados. Mayormente porque se tiene el temor fundado de que la integridad personal y vida del aquí quejoso, se encuentran en grave peligro en el lugar de reclusión en el que se encuentra interno”, apunta el texto presentado por López García.
El abogado de Gutiérrez también hizo patente la preocupación de su familia por el estado de salud en el que se encuentra y refiere que fue al momento de visitarlo cuando conocieron la situación y las amenazas que denunció en el escrito que hizo por su propia mano y que fue entregado a la CNDH.
El exsecretario general adjunto del PRI fue detenido en diciembre del año pasado por la Fiscalía de Chihuahua, bajo la acusación del presunto desvío de recursos públicos para las campañas priistas durante los comicios de 2016.