proceso.com.mx / Chihuahua / Viernes 22 de diciembre del 2017
A casi nueve meses del homicidio de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, el pasado 19 de diciembre asesinaron en Álamos, Sonora, al presunto asesino material de ese crimen, de acuerdo con gente de la misma comunidad y confirmado por personal de la Fiscalía de aquel estado.
Ramón Andrés Zavala Rodríguez, de acuerdo con personas de la región (Álamos se encuentra cerca del municipio de Chínipas, Chihuahua, de donde es el grupo delictivo que presuntamente operó el crimen de Breach), se jactaba haber matado a una periodista muy importante, el 23 de marzo pasado.
Su indiscreción le costó la vida, ya que el mismo grupo para el que trabajaba, “Los Salazares”, del Cártel de Sinaloa, es el que presuntamente lo privó de la vida.
Según fuentes consultadas en la fiscalía local de Chihuahua, las características del presunto autor material de Breach Velducea, corresponden a las que tienen identificadas en la persona que buscaban para aprehenderla por ese asesinato.
El grupo Los Salazares fue denunciado por la periodista en diferentes ocasiones, pero la información que generó amenazas fue en la que delató al precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de los jefes del Cártel: Adrián y Crispín Salazar Zamorano.
Esa información, publicada en La Jornada y Proceso, obligó al PRI a cambiar de candidato en ese municipio y en Bachíniva.
A partir de ese día, hubo amenazas para no abundar en la información de Chínipas y, por otra parte, hubo petición de personas ligadas al Partido Acción Nacional (PAN), para revelar las fuentes de la información publicada.
El alcalde que gobernaba Chínipas era el panista Hugo Amed Schulz Alcaraz, a quien Miroslava Breach señaló en notas y la columna de Don Mirone, en El Norte de Juárez, como protector del grupo de Los Salazares. La intención de pedir las fuentes era deslindar a Shultz de haber entregado información.
Mirolsava Breach señaló que a pesar de los señalamientos contra el exalcalde de Chínipas, el gobierno estatal lo intentaba colocar en un cargo público del gobierno de Javier Corral Jurado.
Una vez que asesinaron a Miroslava, Hugo Shultz continuó en su cargo como coordinador de la zona serrana del subsistema estatal.
Ante la presión mediática, el funcionario renunció hace más de dos meses y se reintegró a su plaza como subdirector en la preparatoria de Chínipas.
El área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado informó que no tienen abierta ninguna investigación contra Hugo Shultz, porque no hay elementos para hacerlo.
En 13 septiembre pasado asesinaron frente a su familia a un sobrino del exalcalde Shultz. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, podría estar involucrado en el homicidio de la periodista.
En la FGE indicaron que aún no cuentan con información del móvil del asesinato de Adrián Shultz, ocurrido en el estacionamiento del centro comercial Sam’s Club, ubicado en el periférico de la Juventud de la ciudad de Chihuahua.
La dependencia estatal no hizo pública la identidad del ejecutado aquel día, pero los mismos familiares de Adrián lo informaron en perfiles de Facebook, donde agradecieron las condolencias que la gente les expresó.
Hasta ahora, tampoco se conoce si hubo o hay investigación sobre la postulación de un miembro del grupo delictivo Los Salazares en una contienda electoral y los motivos por los que lo quitaron de la planilla electoral, para sustituirlo por el candidato priista que ganó, Jesús Ramón V. Agramón Ramírez, quien hoy gobierna Chínipas.
Shultz, bajo investigación
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en cuatro cuentas públicas de 2016, de ayuntamientos chihuahuenses, entre estos, Chínipas.
El Congreso del Estado instruyó a la ASE para iniciar los procesos administrativos y penales contra los alcaldes de Chínipas (PAN), Hugo Shultz; Juárez, Javier González Mocken (PRI); Ignacio Zaragoza, Florencio Franco, y Manuel Benavides, Benjamín Ahumada (PT).
Las irregularidades detectadas son en la realización de obra pública y egresos que destinaron a los exfuncionarios que eran autoridades en ese momento.
En el caso de Chínipas, de acuerdo con el decreto del Poder Legislativo, LXV/CTAPB/0471/2017 P.O, publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Auditoría Superior detectó irregularidades por más de 10 millones y medio de pesos en el último año de la gestión de Hugo Shultz.
El mismo Shultz respondió a señalamientos ante la ASE, pero no logró solventar las irregularidades, por lo que el organismo tendrá que proceder administrativa, civil o penalmente. Hasta ahora no hay denuncia en la FGE.