Sergio Aguilar / Veracruz, Ver. / Martes 19 de diciembre del 2017
A pesar que desde los inicios de esta institución se ha intentado luchar contra el coyotaje, hoy en día se ha descubierto que los intentos no son suficientes y esta mala práctica aún es una actividad muy común, reconoció la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Veracruz-Boca del Río, Ana María Herrera Bernal.
En este caso, el coyotaje se lleva a cabo mediante la petición de un pago anticipado por la tramitación del crédito, siendo esta una práctica ilegal ya que lo único por lo que se debe cobrar es por la intermediación inmobiliaria, siendo la tramitación libre de costo.
"Beneficios hay muchísimos uno de los principales es que con esta ley ya va a haber un padrón, vamos a estar certificados y profesionales, se va a evitar que haya fraudes".
El coyotaje es una práctica que no ha podido ser erradicada debido a la ignorancia de las personas, que muchas veces sin afán de contribuir a conciencia, dan los adelantos monetarios que se les piden.
Estas personas que piden los adelantes se hacen pasar por personas de bienes raíces quienes después de recaudar el dinero que les dan, desaparecen.
Estas personas no tienen las certificaciones que el Infonavit y otras dependencias aportan a quienes se capacitan con ellos.
"Se va a evitar que haya fraudes, porque se han llegado a suscitar demasiados fraudes, han tratado de vender propiedades con escrituras apócrifas".
Cabe mencionar, que después de algunos años gestionando, el gobierno del estado aprobó la licencia inmobiliaria que impedirá el ejercicio ilegal de la actividad; sin embargo, aún no está en funciones esta ley.
"Todavía no está en funciones porque falta el reglamento, pero hemos estado en pláticas con la Secretaría de Gobierno hemos tenido cuatro o cinco reuniones tanto de AMPI y varias personas dedicadas al medio, para que yo creo el próximo ya estará en vigor el reglamento por lo tanto la Ley Inmobiliaria ya estará a nivel estatal".
Dicho licencia contempla multas administrativas y una sanción económica que se puede fincar asciende hasta los 80 mil pesos, tal y como obra en el reglamento de la ley número 826 de operaciones inmobiliarias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.