Pablo Aguirre / Veracruz, Ver. / Lunes 11 de diciembre del 2017
La denuncia interpuesta en contra del presidente de la Junta Especial número 45, Jorge Rivera Oceguera, por diversas irregularidades y actos de corrupción que van contra la legalidad, ante la presidenta de la Junta Federal, Aurora Cervantes Martínez, lleva buen curso y ya fue ratificada por el presidente del Colegio de Abogados laboralistas del estado de Veracruz, aseguró el presidente de este organismo de juristas, Gustavo Sandoval Arcos.
Dijo, que esta queja en contra del actual presidente de la Junta Especial número 45, ya fue radicada en la oficina especial de quejas y denuncias de la Junta Federal, donde ya les pidieron que la ratificaran y presentarán las pruebas.
Pero además, aseguró que hay otros grupos que se están uniendo a esta denuncia, como es el caso de los integrantes de la disidencia de TAMSA, Unidad con Transparencia Obrera, a quienes les mantienen detenidos sus laudos para obligarlos a cambiar de despacho jurídico, a fin que contraten a la firma Haftung Abogados propiedad de expresidente de la Junta Federal, Jorge Alberto Zorrilla, padrino del Jorge Rivera Oceguera.
Además, denunciaron que para lograr apoderarse de todos los casos que se llevan en esta junta, el despacho Haftung Abogados, contrató Paulina Naranjo Morales, extrabajadora del archivo de la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, misma que sustrajo copias de los archivos de laudos que más tarde, a través de Mario César Rendón Mayares, encargado del despacho logra contratar.
Así, a través de la complicidad del despacho Haftung Abogados y el presidente de la Junta, se apoderan de todos los casos soltando resoluciones en menor tiempo, casi de inmediato y cobrando los casos a mitad de precio, dejando a un lado a todos los abogados laboralistas, que consideran esto una competencia desleal, corrupta e irregular.
Ante tanta corrupción, el senador Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Senado un punto de acuerdo dónde se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría de la Función Pública investigar la probable responsabilidad administrativa del citado Jorge Rivera, presidente de la Junta Especial número 45, por emitir laudos de manera discrecional y posible conflicto de intereses, como se puede corroborar en la publicación de la Gaceta del Senado del 7 de diciembre.