Formato Siete / Xalapa, Ver. / Viernes 17 de noviembre del 2017
Durante 2016, el gobierno de Javier Duarte gastó 282 por ciento más del presupuesto original destinado a promoción y comunicación social, en contraparte, el gasto de infraestructura varió apenas 5 % al igual que el de seguridad y educación.
El Índice de Información del Ejercicio del gasto 2017 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO, revela que en 2016 se presupuestaron 29.5 millones de pesos para gasto de comunicación social, pero en realidad al final de ejercicio fiscal se gastaron 133. 2 millones de pesos.
En el informe se detalla que aun cuando la información financiera de los ejercicios fiscales 2015 y 2016 carecen de credibilidad, la entidad cumplió con el 79 % del gasto público.
Aunque Veracruz excedió su gasto en comunicación social, no fue así en otros rubros de gobierno, donde el gasto apenas excedió entre 5 y 10 % de lo presupuestado originalmente, como es el caso de salud, educación y seguridad.
Los desvíos en gastos de Comunicación Social
En la entidad, los gastos de Coordinación General de Comunicación Social han sido señalados durante la gestión del ahora diputado federal por Tuxpan, Alberto Silva Hernández y de Gina Domínguez, ahora presa en el penal de Pacho Viejo por el delito de coalición y desvíos.
En la revisión a la cuenta pública 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), revela que se ejercieron más de 2 mil millones de pesos que fueron aplicados en empresas cuyo domicilio fiscal es inexistente.
Mientras que la ex vocera durante el gobierno de Duarte, Gina Domínguez fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE), de beneficiar a empresas “fantasma”, empresas de conocidos y familiares del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y empresas propias, con pagos millonarios con recursos públicos, incluso del rubro de provisiones salariales y económicas del Gobierno del Estado.
En mayo de este año se le dictó un año de prisión preventiva por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.
La Fiscalía General del Estado (FGE) integró la carpeta de investigación 110/2017 donde acusó a la ex vocera de un quebranto de 100 millones de pesos durante su encargo como Titular de comunicación Social del 2010 al 2014. El Índice de Información del Ejercicio del gasto 2017 .