Redacción PV / Veracruz, Ver. / Lunes 2 de octubre del 2017
El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), podría perder dos terrenos donde se encuentran los pozos de agua de los fraccionamientos de Torrente y Residencial del Bosque, los cuales serían rematados por un monto de 45 millones de pesos para cubrir los laudos que están pendientes con 12 trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada en el año 2008, cuando Yolanda Gutiérrez Carlín, era directora del entonces SAS.
El abogado litigante, José Alfredo Romero Costales, señaló que tras ganar el laudo, el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, se negó a pagar a los trabajadores la cantidad de 33 millones de pesos, los cuales podrán ser recuperados con la venta de los terrenos, los cuales otorgó el SAS en garantía.
“La autoridad que saca a remate los bienes es el presidente ejecutor, que en este caso, corresponde a la Junta Especial número 45 de la federal de Conciliación y Arbitraje, que se encuentra en la calle de 5 de mayo entre Ocampo y Rayón en el antiguo edificio del Palacio Federal”.
Explicó que debido a que el SAS incumplió con el pago a la Junta de Conciliación y Arbitraje, al presidente de dicha junta le corresponde velar por el cumplimiento de la obligación de pago a los trabajadores y en consecuencia, rematar los bienes.
Se trata de un lote de terreno número uno, ubicado en manzana 175 del fraccionamiento habitacional denominado Residencial del Bosque de la ciudad de Veracruz con superficie de 16 mil 207.11 metros cuadrados; asimismo, una porción de terreno, ubicada en calle Apodaca del fraccionamiento Los Torrentes del municipio de Veracruz con una superficie de 12 mil 996.40 metros cuadrados.
A ambos bienes inmuebles, se les ha designado un valor pericial de 45 millones 433 mil 924 pesos con 50 centavos. De acuerdo con el abogado, lo que se obtenga de la venta, servirá para pagar a los trabajadores.
La audiencia de remate será el próximo 7 de diciembre a las 11 de la mañana.
“La historia es que de esos bienes como garantía de pago se remonta al año 2015, en ese año los trabajadores y el SAS, hicieron un convenio porque dentro del expediente 166 del 2008 de la Junta Federal, los trabajadores ganaron un laudo en el 2012 que condenaba al SAS al pago de 33 millones de pesos para 12 trabajadores. En ese tiempo en el 2015, el SAS hizo un convenio con esos trabajadores y se comprometió a pagar mensualmente una cantidad y como garantía de pago otorgó esos dos terrenos y se inscribió el embargo en el Registro Público de la Propiedad”.