Excelsior / Washington, EU / Viernes 30 de junio del 2017
Las nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que impone el decreto antiinmigratorio de Donald Trump entraron en vigor ayer, lo que preocupa a los viajeros de seis países de mayoría musulmana afectados y a las asociaciones de defensa de los refugiados.
El veto migratorio que entró en vigor a las 20:00, hora local, afectará a los refugiados y musulmanes que no tengan una relación “formal” con empresas e instituciones educativas estadunidenses, informaron vía telefónica funcionarios, que pidieron el anonimato.
La implementación es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De manera amplia, el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo “genuino” con el país, es decir, que no tengan familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país.
El Tribunal Supremo dejó en manos del gobierno la definición exacta de esos límites y, por ello, el Departamento de Estado de envió el miércoles por la noche nuevas directrices a las embajadas y consulados de EU para informarles de cómo implementar la orden ejecutiva.
Esas directrices establecen que los que quieran ingresar a Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadunidense.
Excluidos de esa categoría de “familiares cercanos” quedan los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior.
Esta distinción ha sido considerada como “arbitraria” por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).
Cualquier relación con una entidad estadunidense “debe ser formal, documentada y estar formada en el curso ordinario, en lugar de tener como propósito evadir la O.E.”, una referencia a la orden ejecutiva del 6 de marzo del mandatario estadunidense.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desempeñará un papel clave en la implementación de las restricciones inmigratorias.
La concesión de visas o permisos recae en el Departamento de Estados, pero el CBP intervendrá cuando alguien afectado por las nuevas disposiciones intenta ingresar sin visa o si hay dudas sobre sus documentos. En tanto, las visas ya concedidas no serán revocadas.
LEGISLADORES PONEN TRABAS A LAS CIUDADES SANTUARIO
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó ayer dos iniciativas de ley contra la inmigración ilegal, una prioridad del presidente Donald Trump. Ahora, las iniciativas pasarán al Senado.
Uno de los proyectos de ley privaría de fondos federales a las autoproclamadas ciudades santuario que protegen a sus residentes de las autoridades federales de inmigración, mientras que el otro endurece los castigos para las personas que reingresen ilegalmente al país.
La medida contra las ciudades santuario fue aprobada por 228-195, mientras que la que castiga a los deportados reincidentes fue aprobada por 257-167.
La Cámara baja también aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones de privación de libertad a inmigrantes que han ingresado ilegalmente al país después de haber sido deportados o rechazados previamente.
Este proyecto fue bautizado como “La Ley de Kate”, en homenaje a la joven Kathryn Steinle, asesinada en San Francisco en 2015 por un inmigrante ilegal, que ya había sido deportado en varias oportunidades.
El asesinato de Steinle abrió un debate sobre las ciudades santuario que ocupó parte importante de la campaña electoral de 2016.
En la actualidad, casi 500 ciudades se encuadran en la normativa de “santuario” para inmigrantes en situación irregular, incluyendo Los Ángeles, San Francisco, Baltimore y la capital federal, Washington.
-AFP y AP
MERKEL LANZA DESAFÍO AL LÍDER DE EU
La canciller de Alemania, Angela Merkel, prometió luchar por el libre comercio y seguir adelante con los esfuerzos multilaterales para combatir el cambio climático en la cumbre del G20 de la próxima semana, en un desafío a la política de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump.
Aunque se abstuvo de citar el nombre del mandatario estadunidense, la canciller alemana no dejó lugar a dudas sobre su objetivo durante una declaración en el Bundestag, a modo de preparación de del encuentro de los principales dirigentes mundiales en el G20, que tendrá lugar el 7 y 8 de julio en Hamburgo.
Sus comentarios plantean la perspectiva de un enfrentamiento abierto con Trump durante la cumbre.
Más tarde, Merkel se reunió con líderes europeos del G20 que prometieron presentar un frente unido, aunque dejaron claro que preferían alcanzar un compromiso antes que provocar un conflicto.
“Estas conversaciones no serán fáciles”, dijo Merkel. “Las diferencias son obvias y sería erróneo pretender que no existen”.
Merkel dijo que está “más decidida que nunca” a hacer que el acuerdo de París sea un éxito tras la decisión de Trump, calificando al cambio climático de “desafío existencial”. “No podemos esperar hasta que la última persona sobre la Tierra se haya convencido de las evidencias científicas”, señaló la canciller.
“Todo aquel que crea que los problemas del mundo pueden resolverse con aislacionismo y proteccionismo está cometiendo un gran error”.