Aprueban comisiones del Senado ley contra tortura

Excelsior / / Martes 25 de abril del 2017

En seis minutos, el Senado de la República aprobó este martes en comisiones la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

La minuta fue aprobada con los cambios que realizó a la propuesta original la Cámara de Diputados, que en su modificación más sustancial eliminó la obligación que se proponía para que los policías utilizaran GPS al momento de que realizaran las detenciones.

El objetivo para usar el dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real era controlar los tiempos a partir de la detención hasta la presentación de la persona detenida.

Sin embargo, en su lugar se dispuso que al realizar las detenciones los agentes de seguridad pública deberán reportarlo en el Registro Administrativo de Detenciones, a través del Informe Policial Homologado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se espera que este miércoles las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos suban al pleno dicho dictamen, con el que se crea, además, el Mecanismo Nacional de Prevención.

La le establecerá la “prohibición absoluta a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa”.

Los superiores jerárquicos (policiales) serán considerados autores del delito de tortura en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”.

También señala que al servidor público que, siendo investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, le podrán ser aplicadas las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la suspensión del cargo.

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, se adoptarán las medidas administrativas y provisionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

El proyecto de ley apunta que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.

La iniciativa surgió en el Senado y fue aprobada por el pleno el 28 de abril de 2016, y desde entonces país a Cámara de Diputados.