Pablo Aguirre / / Martes 18 de abril del 2017
Los integrantes de la Barra de Abogados Penalistas de Veracruz, en voz de su presidente, Carlos Mateos Carrasco, consideran que la detención y proceso de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es completamente concertada con el estado mexicano, tanto por motivos electorales como por motivos jurídicos en beneficio de sus familiares.
Dijo, que para cualquier jurista que se aprecie de ser un buen abogado, el hecho que a Javier Duarte lo hayan encontrado y detenido en la recepción de un hotel, es algo demasiado infantil y un pésimo montaje, peor que el de Genaro García Luna, en el caso Florence Cassez.
Mateos Carrasco, señala que este montaje fue concertado en la cúpula del poder en México, es decir, desde Los Pinos, y pudo haber sido por varias razones, "pudo ser por motivos electoreros, de complicidad, jurídicos y familiares, pero lo cierto es que nadie cree que haya sido una legítima detención, sino más bien un acuerdo de entregarse con Duarte".
En ese sentido, si fue electorero, será utilizado por el gobierno federal para hacerle creer a la gente que no habrá más impunidad en lo que resta del sexenio y de esta forma ganarse el voto de los mexicanos, o simplemente se entregó a cambio de un bien trato jurídico y no abrir la boca acerca de las complicidades.
En el caso de lo jurídico-familiar, señaló que pudo haber concertado la impunidad total para sus familiares, y de ahí que el gobierno haya declarado que ni Karime Macías de Duarte, ni ningún otro miembro de su familia es buscado por las autoridades mexicanas, cuando todos sabemos que fueron cómplices de sus atracos al estado de Veracruz, "nadie cree que Karime Macías no se haya beneficiado conscientemente de lo que Duarte se robó".
En ese sentido, recomendó al gobierno de Veracruz y la Fiscalía General, a apresurarse para solicitar un aplazamiento de la audiencia que se presentará mañana la corte guatemalteca, a fin que no sólo sea extraditado por los dos delitos federales que le imputa el gobierno de Enrique Peña Nieto, que son, enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, sino también por los delitos cometidos en el fuero federal y por los cuales está acusado en la fiscalía estatal.
Dijo, que de no integrarse bien la carpeta de investigación, con el nuevo sistema de justicia penal, es muy probable que Javier Duarte de Ochoa quede libre y sea otro caso de impunidad "como muchos otros que hemos visto en nuestro país".