Libera PGR segunda orden de aprehensión contra Duarte

Alejandra Herrera / México / Jueves 15 de diciembre del 2016

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a un juez federal una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, por un nuevo presunto desvío de recursos públicos que supera los 200 millones de pesos.

Duarte de Ochoa contabiliza 63 días prófugo de la justicia federal, después de que la PGR lo acusó de enriquecimiento ilícito, peculado y asociación delictuosa; en este segunda orden de aprehensión, el supuesto desvío del dinero se hizo a través de triangulaciones mediante compañías fantasma.

La solicitud que enviará la PGR a un juez, en los próximos días, establece que a través de una empresa denominada “Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria” se realizaron operaciones de lavado de dinero para ocultar el origen de recursos públicos.

Los datos recabados por el Ministerio Público, a los que Animal Político tuvo acceso, detallan que Terra compró parcelas ejidales sobrevaluadas en Campeche en los que invirtió más de 210 millones de pesos.

Los recursos para esta compra provinieron de varias compañías fantasma que fueron contratistas de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud de Veracruz.

El dueño de las parcelas ejidales adquiridas por la empresa Terra era un abogado corporativo de nombre Alfonso Ortega López, quien previamente compró la tierra en no más de 20 millones de pesos. Lo anterior gracias a una serie de operaciones en las que simuló ser ejidatario para poder adquirir los terrenos.

“Nosotros nos convertimos en ejidatarios de papel, no lo éramos porque había que vivir en Campeche pero hicimos unos arreglos con un señor de nombre Antonio Almazán para poder adquirir estos terrenos a un precio inferior y luego vendérselos a estas empresas.

Todo era una fachada”, declaró ministerialmente Ortega López.

Este esquema es prácticamente el mismo que el utilizado en el primer caso consignado por la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en contra de Javier Duarte y otros ocho presuntos cómplices. Esa compra fue de 250 millones y se hizo a través de la empresa Consorcio Brades.

Los terrenos ejidales que fueron sobrevaluados eran propiedad de Moisés Mansur, empresario prestanombres de Duarte que también está prófugo.

En esta segunda acusación la PGR procederá contra Javier Duarte y contra Alfonso Ortega López, entre otros presuntos implicados.

En el caso de Ortega López, este ha colaborado con el Ministerio Público confesando todas las operaciones simuladas en las que estuvo involucrado para “ocultar recursos públicos con fines privados”.

El titular de la PGR, Raúl Cervantes, confirmó en una entrevista radiofónica, el pasado 30 de noviembre, que Ortega López no era un testigo protegido pero estaba colaborando con las autoridades a través de una figura que contempla el nuevo sistema penal acusatorio, y que permite que personas implicadas en un delito alcancen penas reducidas.

La nueva consignación también incluirá a Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva, quienes, según las declaraciones de Ortega López, figuran como socios de la empresa Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria utilizada en esta nueva trama para la triangulación de los recursos.