Pendientes órdenes de aprehensión contra Manzur, Tonicho y Pablo Anaya

Sergio Aguilar / / Domingo 20 de noviembre del 2016

Aún existen órdenes de aprehensión por cumplimentar en contra del ex delegado de Sedesol federal y ex titular de Sedesol estatal, Ranulfo Márquez Hernández; el ex alcalde de Boca del Río, ex Secretario de Finanzas y Planeación y actual delegado de Banobras, Salvador Manzur Díaz, así como el ex secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por la posible comisión de delitos electorales federales.

De acuerdo a la carpeta de investigación correspondiente, también se giraron órdenes de aprehensión por el mismo probable delito en contra de César Augusto Perdomo Buen Rostro y Enrique Mariano Molina Ramírez.

Cabe recordar que las otras tres órdenes de aprehensión que ya fueron cumplimentadas corresponden a las del ex alcalde de Boca del Río Anselmo Estandía, así como el subdirector de área y la jefa de zona de la delegación de Sedesol en Veracruz, Felipe Sosa Mora y Graciela Tejada Martínez, respectivamente.

Este sábado, Ramsés Arturo Ruiz Casares, director general adjunto de confirmaciones y procesos de la FEPADE, señaló que las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez de distrito del puerto de Veracruz.

Las aprehensiones se efectuaron por su presunta responsabilidad penal en delitos electorales previstos en el artículo 407 fracción tercera que señala al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo a un partido político o candidato.

De esta manera, a los inculpados se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios en su calidad de programas de desarrollo humano a su cargo durante los meses comprendidos de marzo a abril del 2013 en el que asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista a fines al entonces gobernador Javier Duarte, celebradas en la Casa de Cultura, en el hotel Fiesta Inn, Costa Inn, Rivoli y NH, en Boca del Río.

Con su actuar, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización los procesos electorales así como la equidad e igualdad de condiciones de la contienda electoral.