Manuel Carvallo / / Sabado 12 de noviembre del 2016
El desvío de dinero etiquetado para los Servicios de Salud de Veracruz, cometido por Javier Duarte para comprar el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, provocó un desfalco en la dependencia que no ha podido frenar los brotes de dengue, zika y chikunguña, hasta colocar al estado en segundo lugar nacional.
Según reporte de la Secretaría de Salud, Veracruz ha registrado un crecimiento exponencial en casos de estos padecimientos transmitidos por el mosquito Aedes aegyti, hasta colocarse en el segundo estado con más con contagios.
El Departamento de Vectores de SESVER, tiene una plantilla de mil 400 trabajadores que se encargan del control del mosco que transmite estas enfermedades -contratados por honorarios-, mismos que dejaron de laborar por falta de pago, se les adeudan quincenas por un monto de 14 millones de pesos, desde septiembre.
La falta de pagos obliga a los trabajadores a realizar paros de brazos caídos en las 14 jurisdicciones sanitarias en las que se secciona el estado de Veracruz.
Felipe Villa Campos, secretario general de la subsección 1 Coatzacoalcos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, dijo que los empleados dejaron de laborar en plena época de lluvias, cuando prolifera el insecto.
Según información del diario Reforma, hay mil 200 trabajadores de planta, pero 80 por ciento del equipo de fumigación no ha sido reparado ni cuenta con gasolina para funcionar por la falta de recursos.
El resultado es que, de los 6 mil 94 casos de zika reportados en el País, mil 579, casi 26 por ciento, los registra Veracruz, y 25.7 por ciento de contagios de chikunguña.
"Ya se les cortó el contrato, ya no están laborando. Ante el número de casos (zika, chikunguña y dengue) que hay en el Estado, no contratarlos es poner más en riesgo a la población porque esto está muy disparado y fuera de control", advirtió Villa Campos.
Actualmente, los empleados de base que aún laboran en el control del mosco reclaman el pago de un aumento salarial aprobado desde mayo pasado.
"(El recurso) ya lo depositó la Federación, pero no nos lo ha entregado el Estado", indicó Villa Campos.
"Aumentaron un promedio de 5.5 por ciento de salario. El 15 de octubre tendría que haber llegado, pero no se ha reflejado ese pago".
El personal operativo, explicó, no cuenta con equipo adecuado para evitar estar expuesto al insecticida y no tiene combustible.
"Para hacer el rociado ambiental más rápido, a las camionetas se les montan las máquinas pesadas que consumen gasolina, que escasea.
"Son máquinas pesadas que consumen alrededor de 20 a 30 litros diarios de gasolina", precisó.
El dirigente sindical mencionó que en lo que va de 2016 el Gobierno estatal no les ha entregado uniformes (camisa y pantalón de tela especial) y equipo de protección -mascarilla, casco, protectores oculares, cubreoídos- que evita el contacto del insecticida con la piel.
"Usamos productos químicos y el personal debe trabajar con todas las medidas de seguridad para que no se intoxique", indicó.