Maduro, del socialismo a la dictadura del siglo XXI

Excelsior / Caracas, Venezuela / Lunes 8 de mayo del 2017

La Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna a la que convocó el presidente Nicolás Maduro implica “seguir destruyendo las instituciones del Estado para ejercer un control más férreo y pasar del socialismo del siglo XXI a la dictadura del siglo XXI”, dijo a Excélsior el analista político venezolano, Orlando Goncalves.

A principios de la semana pasada, el mandatario venezolano entregó a la Comisión Nacional Electoral la propuesta de lo que considera una “simple modificación” de la Constitución de 1999, impulsada por el ya fallecido “líder de la Revolución Bolivariana”, Hugo Chávez.

En su proyecto, Maduro explica que la Constituyente no tendrá la participación de partidos políticos y estará formada por 500 asambleístas, de los cuales la mitad serán elegidos de forma indirecta por sindicatos, campesinos y otras minorías afines al Presidente.

Los restantes, detalla, serán escogidos “en un sistema territorializado, con carácter municipal, en las comunidades, con voto directo, secreto”. De momento, no hay una fecha concreta para la elección de los constituyentes, pero el ministro de Educación, Elías Jaua, dirigirá una comisión presidencial que se encargará de ello.

La oposición, desatada en las calles, considera a esta constituyente como un “fraude constitucional” que huye del “voto universal, directo y secreto”, y por ende es otra piedra más en el camino para llevar a cabo unas elecciones justas, porque las que propone Maduro son a la carta.

Según la Constitución vigente, las elecciones presidenciales deberían celebrarse en 2018, pero esta propuesta de Maduro podría retrasar o suspender el proceso, como ya ocurrió con las municipales en diciembre de 2016. Las últimas encuestas señalan que siete de cada diez venezolanos reprueban el gobierno.

“De lo que se trata es cerrar todavía más los espacios políticos y electorales a la oposición. La forma de participación electoral de esta Constituyente no es democrática porque no tienen espacio todas las fuerzas políticas del país”, dijo en entrevista la internacionalista Sandra Borda.

“Maduro convoca esta Constituyente para darle ‘legalidad’ a la suerte del autoritarismo que está ejerciendo en Venezuela y contener la presión internacional”, añadió la politóloga, quien también funge como decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.

En la misma línea, Orlando Goncalves enfatizó que Maduro busca aferrarse al poder a cualquier costo y esta propuesta es un “show”, que de ejecutarse acabará por enterrar las pocas instituciones que aún resisten “el embate de la dictadura”.

“El Presidente puede convocar a una Constituyente, pero el soberano (el pueblo), donde reside el poder constituyente originario, es quien, mediante un referéndum, decide si habrá o no Constituyente. Pasaremos del socialismo del siglo XXI a la dictadura del siglo XXI”, aseguró el experto.

Hace un mes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió durante un par de días las funciones de la Asamblea Nacional (AN), único poder público en manos de la oposición. La ira se desató en las calles de las ciudades del país petrolero para protestar contra lo que calificaron de “golpe de Estado”.

Aunque el Tribunal devolvió parcialmente los poderes al Parlamento, esto no fue suficiente para calmar la frustración del pueblo venezolano harto de la “dictadura”, la galopante violencia, la elevada inflación y el desbordante desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Las manifestaciones han dejado hasta el momento 37 muertos, más de 700 heridos y unas mil 600 personas arrestadas; esto, sin olvidar que el número de presos políticos suma 183.

La OEA, el enemigo

Para Sandra Borda, lo que ahora está en juego es que la oposición, al contrario de lo que ha sucedido en varias ocasiones (como con los intentos de diálogo con el gobierno del año pasado) no se divida, aunque esta vez parece que todos navegan en el mismo barco.

“El problema es que un ala siempre ha sido mucho más amiga de iniciar una transición democrática, mientras que la otra quiere tumbar al Presidente”, indicó la internacionalista. Por tanto, y pese al hartazgo desbordante de la mayoría de los venezolanos, el gran desafío de la oposición es buscar una salida que evite un baño de sangre, pues una “transición abrupta” sería el peor resultado en manos de los opositores, según Borda, quien recordó que ahora el gobierno está armando a civiles para “defender a la patria”.

A su vez, la comunidad internacional continúa su presión frente a lo que ya considera una dictadura. Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), su secretario general, Luis Almagro, reiteró que “los países que integran el organismo velarán para que no se consolide una dictadura en Venezuela, y que la salida de la OEA no es la solución, lo es la redemocratización del país”, según indicó a la agencia EFE.

A finales de abril, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que el país sudamericano se retirará de la OEA luego de que el Consejo Permanente convocara a una reunión de cancilleres para evaluar la crisis venezolana.

Luego, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, entregó un documento a Almagro para detener la salida de Venezuela del organismo y evitar que su país “se escape de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, un documento aprobado por la OEA en 2001 para fortalecer la institucionalidad democrática que establece que los países integrantes podrían actuar en caso de que hubiera una ruptura del orden democrático en alguna de las naciones.

“Retirarse de la OEA no es la solución, porque significa aislarse mucho más a nivel internacional, y entre más se aíslen, menos posibilidades tiene el sistema internacional de contribuir con lo que sea que pase allá. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el discurso incendiario que el secretario Almagro usa contra Venezuela, porque en vez de mostrarse como un actor internacional, polariza mucho más al gobierno, quien ve al organismo como un enemigo”, destacó Borda.

El procedimiento para dejar la OEA tardaría dos años y, antes de ese periodo, el organismo podría aplicar la Carta Democrática Interamericana que implica sanciones políticas y económicas al país. Por tanto, según Orlando Goncalves, los países miembros de la OEA no podrían hacer negocios con Venezuela como es el caso de Estados Unidos, que no podría comprar petróleo ni vender gasolina a la nación sudamericana.

“Esto aislaría aún más al país, pero lamentablemente las consecuencias las pagarán los ciudadanos”, precisó el experto, quien a diferencia de Borda, halagó el papel de Almagro. “El secretario ha sido muy valiente al abandonar el lenguaje políticamente correcto que generalmente usa la diplomacia, y ha decidido llamar las cosas por su nombre. En mi opinión, esto ha ayudado a que muchos países miembros de la OEA y del mundo pongan sus ojos en Venezuela y hayan condenado el holocausto y la barbarie que se vive allí”, enfatizó Goncalves.

Tristemente, un mar de dudas envuelve a este país cuyo futuro es incierto, aunque la esperanza es lo último que pierde el pueblo venezolano, anclado en las calles para, precisamente, lograr construir un piso democrático que hoy en día luce como un espejismo en la nación
petrolera.

“Lamentablemente el escenario no es nada halagador. Sin embargo, la fuerza del pueblo en la calles y una decidida presión internacional harán que el régimen caiga y se retorne a la democracia. El régimen es insostenible y lo saben, por eso reprimen con tanta brutalidad y sus acciones son cada vez más desesperadas. Ellos mismos están cavando su tumba y la decisión del pueblo venezolano es imparable. Quieren paz, democracia y la van a conseguir”, concluyó Goncalves, desde Colombia, su país de adopción.

LA BANDERA CON LA QUE GOBERNÓ HUGO CHÁVEZ
La Asamblea Constituyente fue la bandera del expresidente Hugo Chávez cuando ganó las elecciones en 1998.

Un año después firmó el decreto convocando a la Asamblea Constituyente, que se eligió con un abrumador triunfo del oficialismo al acaparar 125 de 131 escaños.

La Asamblea debatió durante unos tres meses el proyecto de la Constitución impulsado por Chávez, que fue aprobado por votación popular en diciembre de 1999.

La modificación más notable fue el cambio del nombre a República Bolivariana de Venezuela.

En 2007, Chávez intentó una reforma para convertirla en una Constitución socialista, pero fue rechazada en un referéndum popular.