Veracruz, Ver.

     
Héctor Yunes Landa




Articulista invitado

Veracruz, el infierno de los alcaldes



Domingo 26 de Noviembre del 2017

Para la mayoría de los presidentes municipales de Veracruz que no forman parte de su proyecto sucesorio, sin importar el partido que representen, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha convertido en un verdadero infierno; lo mismo para quienes están por concluir su administración como aquellos que iniciarán funciones a partir del mes de enero.

Las autoridades municipales están bajo el acecho constante del Gobernador: mantienen deudas millonarias por concepto de retención de participaciones federales, los programas sociales del estado están condicionados y ahora se ha venido a sumar un clima de inexplicable violencia que les está costando la vida.

En cuatro días, dos presidentes municipales fueron ejecutados en Veracruz, en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades, pero resultado del clima de violencia generalizado que vive la entidad.

Las ejecuciones del alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena –quien ganó la elección como candidato del Panal- y del presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinosa Tolentino –del PRI-, no son hechos aislados. La violencia criminal ha alcanzado lo mismo a autoridades electas, en funciones o ex presidentes municipales. Nadie se salva.

En respuesta a estos acontecimientos, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) confirmó este fin de semana que Veracruz es uno de los estados con mayor riesgo para los presidentes municipales. Y ante la incapacidad del gobierno de Veracruz de generar condiciones de mayor seguridad para las autoridades, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para establecer nuevos protocolos que brinde protección a los ediles veracruzanos.

Si bien es cierto que esta ola de violencia también se presenta en otras entidades del país -la organización señala que del año 2006 a noviembre de 2017 han sido victimados 49 alcaldes en funciones, 9 alcaldes electos y 49 ex alcaldes, lo que da un total de 107 muertos-, Veracruz se suma a Durango, Michoacán y Oaxaca, como uno de los cuatro estados con más riesgo para la vida de los presidentes municipales y sus familias.

También debe decirse que no se trata de un fenómeno reciente en el estado. Según un recuento la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C, entre 2006 y 2016 fueron asesinados siete alcaldes y ex alcaldes en Veracruz. Sin embargo, cuando aún no se cumple un año del actual “gobierno del cambio”, ya se cuentan dos asesinatos, sin considerar el número de agresiones y amenazas que han sido denunciadas por los presidentes municipales.

La ejecución del presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Víctor Espinoza Tolentino, de su esposa Hilda Patricia Carrera Tinoco y tres personas más, no sólo ha puesto en evidencia la incapacidad de la policía y la ineficacia de la Fiscalía General del Estado para investigar el crimen, sino que ha servido para que el gobierno de Miguel Ángel Yunes, sugiera fuera de toda lógica, la versión perversa de que los responsables podrían ser ex funcionarios corruptos que ahora han decidido convertirse en asesinos.

Lo mismo sucedió con Santana Cruz, a quien un grupo armado de más de 30 personas que se introdujo sin problema alguno a Hidalgotitlán, lo ejecutó en medio de una fiesta popular. La versión de la autoridad es que se habría tratado de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas dedicadas al robo de combustible, sugiriendo la participación de la víctima -aún cuando no ejercía autoridad- para acreditar una revancha de la delincuencia organizada.

En ambos casos, el gobierno de Veracruz ha tratado de incriminar a las víctimas, infiriendo una responsabilidad directa en su propia ejecución.

En un comunicado oficial, el gobierno aseguró que el alcalde Víctor Espinoza se encontraba negociando la compra de láminas de zinc que habían sido robadas por ex funcionarios de la administración anterior, quienes habrían sido también los autores materiales de la ejecución. En tal sentido, estaría señalando la responsabilidad de comprar, fuera de toda norma y procedimiento administrativo, bienes robados a la administración pública estatal.

Así, el gobierno mantendría su demencial argumento de que se trata de delincuentes abatiendo a delincuentes, no importa si se trata al mismo tiempo, de autoridades municipales.

Como lo hemos referido en múltiples ocasiones, hoy Veracruz vive una violencia de la que nadie se salva, ni empresarios o comerciantes, tampoco mujeres o niños, menos aún profesionistas, y particularmente, los periodistas. Hoy a esa lista de terror se suman las autoridades municipales electas y en funciones.



 





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